El Gobierno está apretando para intentar cerrar en las próximas algunas de las negociaciones que tiene encalladas y así dejar el terreno legislativo lo más limpio posible de cara a la precampaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. Una pieza clave para esta estrategia es el desbloqueo de la derogación de la ley mordaza, una norma que lleva meses empantanada en el Congreso, y por ello este jueves se celebrará una nueva sesión de la ponencia que está negociando este texto en la Cámara Baja. PSOE, Unidas Podemos y sus socios parlamentarios han llegado a algunos acuerdos. Pero los puntos principales de discrepancia siguen plenamente vigentes y continúan bloqueando el pacto.

El Ejecutivo solicitó hace unos días que se habilitara el mes de enero, que es inhábil en el Congreso, para intentar finiquitar tanto la reforma de la ley mordaza como la aprobación de la ley de vivienda. Además, fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones explican que, en las últimas fechas, se han intensificado los contactos entre PSOE y Unidas Podemos, por un lado, y sus aliados, fundamentalmente ERC, PNV y EH Bildu, por otro. Esas conversaciones han fructificado en acuerdos como el fin de la obligación de comunicar con carácter previo cualquier manifestación o la acotación de la presunción de veracidad de los agentes, que los grupos han pactado que esté sujeta a que su relato sea "coherente, lógico y razonable", tal y como adelantó El País y confirmó este medio.

Esos pactos, así como el resto de los cambios acordados en los diez meses de negociación, serán los que se pongan este jueves negro sobre blanco en el Congreso, explican fuentes de varios partidos. "Pero no hay novedades sobre los artículos más lesivos", denuncian fuentes de EH Bildu, que en este asunto se están coordinando con ERC para presionar al PSOE, el partido que está poniendo más reparos a acceder a algunas de las peticiones de los independentistas y que, a juicio de los abertzale, quiere dejar "intactos" los "principales escollos de la ley mordaza".

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Son tres los asuntos fundamentales que, a día de hoy, siguen bloqueando que haya un acuerdo para aprobar la reforma de la polémica ley. El principal es la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros. 

Para modificar esa redacción se han presentado varias alternativas, por ahora todas rechazadas por el PSOE. Unidas Podemos, por ejemplo, presentó a finales de 2021 una enmienda en solitario planteando que solo se consideren punibles "los insultos o injurias" dirigidas a las fuerzas policiales, que no convence a los socialistas. Por su parte, grupos minoritarios como Más País apuestan directamente por suprimir de entre la relación de faltas leves las faltas de respeto a los agentes, algo que el PSOE no se plantea.

Devoluciones en caliente y pelotas de goma

Unidas Podemos, pese a estas diferencias, se muestra relativamente optimista ante la posibilidad de terminar encontrando un punto de encuentro con el PSOE en relación a este asunto, aunque mucho más pesimistas son socios como EH Bildu. Y lo que parece mucho más lejos de tener rápida solución es la cuestión de las devoluciones en caliente: mientras los socialistas quieren mantener dentro de la norma la posibilidad de expulsar directamente a los inmigrantes que crucen la valla de Ceuta y Melilla, otros grupos pretenden limitar esta vía o prohibirla, directamente. En 2020, el Tribunal Constitucional avaló la legalidad de las devoluciones en caliente, siempre y cuando no se produzcan contra menores y o personas vulnerables, como ancianos o embarazadas.

El tercero de los principales asuntos que, por ahora, están imposibilitando un acuerdo es la posibilidad de utilizar pelotas de goma como material antidisturbios. En algunas comunidades este tipo de actuaciones ya están prohibidas, pero ERC o EH Bildu pretenden extender este veto para que se aplique en toda España y apoyan una enmienda para que quede "expresamente prohibido" el uso de este material "o de cualquier otro instrumento o producto que pueda producir amputaciones o la muerte de una persona". 

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Por ahora, PSOE y Unidas Podemos se han limitado a plantear que sea obligatorio "utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables", para lo cual "las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios". No obstante, los independentistas quieren que las pelotas de goma sean mencionadas expresamente en el texto, algo que genera recelos a los socialistas.

Siguen los contactos

Así las cosas, fuentes de los partidos independentistas denuncian que, pese a que "hay quienes intentan vender que hay un acuerdo, lamentablemente es falso". "Para nosotros es muy insuficiente y se queda corto, prometieron la derogación y esto no desactiva ni de lejos esa ley", plantean estas fuentes, que reconocen que el texto es "mejor que lo que había", pero no lo suficiente para concitar su apoyo. Por ello, la sesión de este miércoles en el Congreso va a limitarse a plasmar lo ya acordado por escrito, y fuentes de la ponencia aseguran que no está previsto que se vayan a tratar estos asuntos más peliagudos que bloquean la aprobación de la reforma.

Los contactos, en cualquier caso, continúan entre los partidos, ya que la derogación de la ley mordaza es uno de los grandes compromisos del Gobierno de coalición y Unidas Podemos ha presionado en las últimas semanas para cerrar su reforma. Fuentes del PSOE, no obstante, se mostraban hace unas semanas pesimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, si bien el asunto, en un sentido o en otro, se resolverá en las próximas semanas, pues que el objetivo del Ejecutivo es que los desacuerdos con sus socios no opaquen los próximos meses de precampaña.